En estado de alarma

Por el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra Ángel J. Gómez Montoro

18/03/20 10:40
  1. ¿Qué son los estados excepcionales?

El estado de alarma, declarado por el Gobierno el pasado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es uno de los estados excepcionales previstos en el art. 116 de la Constitución y regulados con más detalle en la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Ya en Roma se elaboró la máxima Salus publica suprema lex esto (Cicerón, De Legibus), que expresa el convencimiento de que, cuando el pueblo está ante un peligro grave, todo debe quedar sometido a su superación. Se concretaba, entonces, en que todo el poder era entregado a un dictador.

La experiencia romana también demostró que con frecuencia ese poder, que debía ser temporal y transitorio, no era devuelto al Senado cuando terminaba la situación de peligro. De aquí que en el moderno constitucionalismos se haya querido regular esas situaciones excepcionales, sometiéndolas a Derecho. No se realiza ya una trasferencia sin límites de poderes especiales, sino que la Constitución regula las situaciones en que procede su declaración, el órgano que debe aprobarla, su duración y las medidas que cabe adoptar.

Esas medidas son básicamente de dos tipos: alteración del ejercicio normal de los poderes y limitaciones de algunos derechos.

  1. ¿Qué es el estado de alarma?

El estado de alarma es la medida excepcional menos grave de las tres que se regulan en el art. 116 de la Constitución (las otras dos son el estado de excepción y el estado de sitio). Desde que se aprobó la Constitución, se ha hecho uso de ella una sola vez, con motivo de una huelga de controladores aéreos (Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre).

Según el art. 4 de la Ley Orgánica que lo regula procede en los siguientes casos:

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Como puede apreciarse, la crisis actual encaja en el supuesto previsto en la letra b), si bien el Real Decreto invoca también la letra d).

  1. ¿Quién lo declara?

Es acordado por Decreto del Consejo de Ministros (así se hizo el pasado día 14), si bien se debe informar inmediatamente al Congreso de los Diputados (art. 116 .2 de la Constitución).

  1. ¿Cuál es su ámbito territorial?

Según la Constitución “el decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”. En este caso, el Gobierno ha optado por extenderlo a todo el territorio nacional (art. 2 del Real Decreto).

  1. ¿Cuánto dura?

El estado de alarma se declara por un plazo máximo de quince días (art. 116.2 de la Constitución); que es el que de hecho ha declarado el Gobierno (art. 3 del Real Decreto).

Cabe prórroga, si bien requiere la autorización previa del Congreso (art. 116.2 de la Constitución)

  1. ¿Quiénes son las autoridades competentes?

La autoridad competente es el Gobierno (art. 4.1 del Real Decreto) y son autoridades competentes delegadas (art. 4.2):

a) La Ministra de Defensa.

b) El Ministro del Interior.

c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

d) El Ministro de Sanidad.

Todos ellos actúan bajo la supervisión del Presidente del Gobierno. Y asume un especial protagonismo el Ministro de Sanidad.

El Ministro del Interior asume el mando de lo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales (art. 5.1).

En cuanto a las autoridades y personal sanitario de cualesquiera administraciones públicas, quedan a las órdenes del Ministro de Sanidad (art. 12.1).

  1. ¿Qué derechos se limitan?

El derecho más relevante que puede limitarse en el estado de alarma es de la circulación o permanencia de personas y vehículos (art. 11 de la Ley Orgánica), que de hecho es limitado de forma importante en el art. 7 del Real Decreto.

Además, y entre otras medias, el Real Decreto faculta a las autoridades competentes a realizar requisas de todo tipo de bienes (art. 8), se procede al cierre -salvo contadas excepciones- de locales y comercios minoristas (art. 9), se restringe la asistencia a lugares de culto y a ceremonias civiles y religiosas (art. 11) y se podrán adoptar medidas en relación con centros de sanidad de titularidad privada (art. 12.6), entre otras.

  1. ¿Qué sucede en caso de incumplimiento?

De acuerdo con el art. 20 del Real Decreto, “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes”. La sanción dependerá del tipo de actuación o desobediencia a la autoridad.

  1. ¿Quién controla al Gobierno?

Aunque la Constitución atribuye en estos casos al Gobierno unos poderes excepcionales, este debe ser controlado en todo momento por el Congreso de los Diputados, al que debe enviar toda la información necesaria y remitir los decretos que se vayan aprobando durante el estado de alarma (art. 8 de la Ley Orgánica).

Además, de acuerdo con el art. 3.1 de la Ley Orgánica, los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados excepcionales serán impugnables ante los tribunales.

 

Por último, el art. 116.6 de la Constitución establece que “la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”; es decir, que se les podrá exigir responsabilidad en caso de que no actúen conforme a Derecho.